En odontología, los procedimientos invasivos o de baja eficacia requieren un consentimiento verbal del paciente, para proceder conforme a las leyes que regulan los derechos de este y las obligaciones del profesional sanitario. La ausencia de dicho consentimiento propicia un escenario cada vez más usual en este sector: la denuncia dentista Vigo, Santander, Madrid u otros municipios.
La falta de consentimiento informado está en el origen de un porcentaje mayoritario de las reclamaciones jurídicas contra odontólogos. Para evitar esta mala praxis, la clínica dental debe informar al paciente sobre los beneficios y riesgos que entraña el tratamiento que va a recibir. Las complicaciones son una amenaza presente en cualquier intervención: desde un simple empaste hasta la extracción quirúrgica de cordales.
Después de obtener el consentimiento informado, existen todavía situaciones muy comprometedoras para los profesionales de la salud bucal. Es posible que el usuario fuera informado del alcance y peligros de una intervención, pero que en el transcurso de la misma, el odontólogo se excediera en sus funciones al extraer un molar extra, por ejemplo.
Por otra parte, el consentimiento informado no es igual al consentimiento por escrito. Este último se reserva a operaciones de especial riesgo para la salud del cliente. Si el odontólogo en cuestión no juzgó debidamente las implicaciones del tratamiento y exigió un simple consentimiento verbal, habrá cometido una falta grave.
Junto con esta mala praxis, las reclamaciones contra clínicas dentales se fundamentan en la aplicación indebida de la anestesia. Cuando los fármacos utilizados para inducir la inconsciencia, entran en conflicto con otra medicación o con su historial médico reciente, surgen dificultades que pueden afectarle de forma severa.
Tampoco es infrecuente que el odontólogo, al estudiar la salud bucal del paciente, pase por alto enfermedades de diagnóstico complejo, como el cáncer oral, cuyo tratamiento depende de una detección temprana.
